El texto que aprobará mañana el Consejo de Ministros potenciará el convenio
colectivo de empresa, aumentará la flexibilidad interna para evitar que el
despido sea el primer recurso de una empresa en crisis, permitirá los
«descuelgues» y eliminará la prórroga automática de los convenios,
la denominada «ultraactividad», que permite que hasta que no
haya un acuerdo entre las partes, entre empresa y trabajadores, el
convenio «caducado» permanezca vigente de forma prácticamente indefinida.
colectivo de empresa, aumentará la flexibilidad interna para evitar que el
despido sea el primer recurso de una empresa en crisis, permitirá los
«descuelgues» y eliminará la prórroga automática de los convenios,
la denominada «ultraactividad», que permite que hasta que no
haya un acuerdo entre las partes, entre empresa y trabajadores, el
convenio «caducado» permanezca vigente de forma prácticamente indefinida.
La fórmula que diseña el Ministerio de Empleo no significa que el convenio
colectivo decaiga inmediatamente después de que expire su vencimiento,
pero sí que sus plazos de vigencia serán acotados más que en la actualidad
para forzar un acuerdo entre las partes
cuanto antes.
colectivo decaiga inmediatamente después de que expire su vencimiento,
pero sí que sus plazos de vigencia serán acotados más que en la actualidad
para forzar un acuerdo entre las partes
cuanto antes.
La legislación actual, que está vigente desde junio del año pasado, introduce
un plazo de 8 a 14 meses para que las partes lleguen a acuerdo sobre la
prórroga del convenio. Y la reforma que está perfilando el
Ministerio de Empleo recortaría esos plazos a entre 6 y 9 meses.
Lo que deberá dejar bien atado la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, es qué ocurre una vez
transcurrido ese plazo.
un plazo de 8 a 14 meses para que las partes lleguen a acuerdo sobre la
prórroga del convenio. Y la reforma que está perfilando el
Ministerio de Empleo recortaría esos plazos a entre 6 y 9 meses.
Lo que deberá dejar bien atado la ministra de Empleo,
Fátima Báñez, es qué ocurre una vez
transcurrido ese plazo.
La fórmula que parece más viable es que la reforma inste a empresa y
trabajadores a incluir en los convenios fórmulas que den salida a estas
situaciones, cláusulas de arbitraje de obligado cumplimiento. Ahora,
apenas un tercio de los convenios colectivos contempla procedimientos
de arbitraje y un 20% de mediación.
trabajadores a incluir en los convenios fórmulas que den salida a estas
situaciones, cláusulas de arbitraje de obligado cumplimiento. Ahora,
apenas un tercio de los convenios colectivos contempla procedimientos
de arbitraje y un 20% de mediación.
Estas puntualizaciones son cruciales, teniendo en cuenta que la reforma
de la negociación colectiva que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero
el verano pasado no acabó con lo que supone un quebradero de cabeza
para muchas empresas en España. Acabar con la«ultraactividad» fue
una de las líneas rojas que marcó el anterior ministro de Trabajo,
Valeriano Gómez, quien se limitó a fijar en la norma nuevos plazos que
no han solucionado ni mucho menos el conflicto que se produce cuando
hay un desacuerdo en el seno de una empresa en materia laboral.
de la negociación colectiva que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero
el verano pasado no acabó con lo que supone un quebradero de cabeza
para muchas empresas en España. Acabar con la«ultraactividad» fue
una de las líneas rojas que marcó el anterior ministro de Trabajo,
Valeriano Gómez, quien se limitó a fijar en la norma nuevos plazos que
no han solucionado ni mucho menos el conflicto que se produce cuando
hay un desacuerdo en el seno de una empresa en materia laboral.
La legislación actual establece que si transcurrido el plazo de 8 meses
(convenios de hasta dos años) o 14 meses (convenios de más de dos años
de duración) y no hay acuerdo, hay un mero «compromiso» de ambas
partes «de sometimiento a mecanismos de mediación y arbitraje para
solucionar las discrepancias surgidas». En la práctica, ese compromiso
no se cumple y se mantiene la prórroga automática de los convenios.
(convenios de hasta dos años) o 14 meses (convenios de más de dos años
de duración) y no hay acuerdo, hay un mero «compromiso» de ambas
partes «de sometimiento a mecanismos de mediación y arbitraje para
solucionar las discrepancias surgidas». En la práctica, ese compromiso
no se cumple y se mantiene la prórroga automática de los convenios.
«En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo máximo de
negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se
hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el párrafo
anterior (de mediación o arbitraje) o estos no hubieran solucionado la
discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo»,
puntualiza la reforma de Zapatero.
negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio no se
hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el párrafo
anterior (de mediación o arbitraje) o estos no hubieran solucionado la
discrepancia, se mantendrá la vigencia del convenio colectivo»,
puntualiza la reforma de Zapatero.
La supresión de la «ultraactividad» ha sido reclamada con insistencia
por las empresas y economistas y es el «caballo de batalla» tanto de las
organizaciones empresariales como de los sindicatos, aunque por motivos
bien distintos.
por las empresas y economistas y es el «caballo de batalla» tanto de las
organizaciones empresariales como de los sindicatos, aunque por motivos
bien distintos.
Desde las patronales se defiende que una vez finalice el periodo de aplicación
de los convenios decaiga su vigencia y se aplique en su lugar la normativa
general o los acuerdos sectoriales por entender que de lo contrario se limita
la capacidad de las empresas y su competitividad. Los sindicatos, por el
contrario, entienden que suprimir esta prórroga supondría una merma
de derechos adquiridos. Harán de esta cuestión, sin duda, una de
sus principales banderas contra la reforma laboral que se aprobará mañana.
de los convenios decaiga su vigencia y se aplique en su lugar la normativa
general o los acuerdos sectoriales por entender que de lo contrario se limita
la capacidad de las empresas y su competitividad. Los sindicatos, por el
contrario, entienden que suprimir esta prórroga supondría una merma
de derechos adquiridos. Harán de esta cuestión, sin duda, una de
sus principales banderas contra la reforma laboral que se aprobará mañana.